Desde Médicos Sin Fronteras (MSF) nos congratulamos del proceso regulatorio de solicitantes de asilo iniciado en algunos puntos de la frontera Norte con Estados Unidos, entre ellos en el campamento de Matamoros (Tamaulipas), pero recordamos que son miles los migrantes y solicitantes de asilo, tanto en la frontera norte como en el resto de México, que siguen abandonados a su suerte.
El inicio del registro de la población del campamento de Matamoros, en el que brindamos servicios médicos integrales a centenares de familias que se instalaron en tiendas de campaña desde junio de 2019, es un primer paso en el restablecimiento de los principios de protección internacional.
Sin embargo, son todavía miles los solicitantes de asilo que, bajo el Programa de Protección del Migrante (MPP), permanecen en ciudades fronterizas mexicanas y necesitan ser registradas urgentemente. Otras políticas, que permiten a Estados Unidos la deportación inmediata sin audiencia de asilo, contribuyen asimismo a una mayor vulnerabilidad de la población en tránsito.
Unos 25.000 solicitantes de asilo tienen casos activos bajo los Protocolos de Protección al Migrante, más conocidos como la política de Quédate en México, instituida por la administración Trump. Un complejo entramado de políticas migratorias sigue vigente y contribuye a aumentar la vulnerabilidad de las personas en movimiento. Como prioridad urgente, pedimos a Estados Unidos que anule inmediatamente la orden emitida en virtud del Título 42 que permite la deportación de solicitantes de asilo sin audiencia por motivos de salud pública.
El campamento es el resultado de la falta de asistencia y protección que padecen los migrantes de forma generalizada en México. “Seguimos viendo criminalización masiva de migrantes, un incremento de redadas y detenciones, la falta de apoyo necesario a los albergues y la falta de asistencia a la salud en un momento especialmente crítico por la pandemia de la COVID-19”, explica Sergio Martín, nuestro coordinador general en México.
“Aplaudimos el inicio del proceso de registro de solicitantes de asilo, pero son miles los que van a continuar sufriendo en la ruta si se mantienen las actuales medidas contra la población en tránsito”.
En ciudades como Reynosa, Coatzacoalcos o Piedras Negras, entre otras, los migrantes se ven obligados a pernoctar en la calle, bajo puentes o hacinados en habitaciones alquiladas, mucho más vulnerables y expuestos a situaciones de violencia por parte de organizaciones criminales.
La pandemia de COVID-19, además, ha forzado a los albergues que tradicionalmente acogían a los migrantes a revisar sus protocolos para poder continuar operando. No todos han logrado adaptarse por lo que actualmente la red de asistencia a la población migrante es mucho más frágil. «Es imprescindible que la red de albergues reciba el apoyo de las autoridades mexicanas y otras instituciones para volver a operar a su capacidad habitual y que los migrantes y solicitantes de asilo puedan acceder a ellos sin miedo a ser detenidos y deportados”, demanda Martín.
Nuestros equipos han detectado un incremento en el número de migrantes desde el pasado mes de diciembre, asociado en particular a la devastación causada por los huracanes Eta e Iota, principalmente en Honduras. Este aumento de los migrantes en la frontera sur ha tenido su correspondiente aumento en la violencia a la que se enfrentan. “México y los países Centroamericanos deberían de estar a la altura, armonizar sus políticas migratorias regionales y proteger a sus ciudadanos. En caso contrario, solo vamos a ser testigos de más muertes como las de Camargo, de más aprehensiones de gente en camiones atestados bajo peligro de asfixia, de más sufrimiento, miseria, tortura y violencia”, finaliza el coordinador general.
El Gobierno de México tiene la responsabilidad de garantizar que los migrantes forzados a salir de sus países a causa de la violencia o la inseguridad alimentaria no sean criminalizados ni perseguidos en el país. Por ello, pedimos a México y a los países de la región que establezcan políticas migratorias humanas que garanticen la protección y asistencia humanitaria necesaria a la población en tránsito.
