En el informe ‘Crear una crisis en las fronteras de Europa’, documentamos cómo las políticas migratorias de la Unión Europea ponen en peligro la salud, el bienestar y la seguridad de las personas atrapadas en las islas griegas. Las personas que han sobrevivido a la violencia y a las penalidades están atrapadas en condiciones terribles, carecen de información sobre su situación legal y son sometidas a duros procedimientos fronterizos y de asilo. Denunciamos que este sistema ha infligido miseria, ha puesto vidas en peligro y ha erosionado el derecho de asilo. En la actualidad hay más de 9.600 personas retenidas en los cinco Centros de Recepción e Identificación en las islas griegas del Egeo: Lesbos, Quíos, Samos, Kos y Leros.
Volvemos a pedir a los líderes de la UE que cambien por completo su enfoque de la migración y dejen de intensificar sus actuales políticas de contención y disuasión, que están causando daños evitables a la salud y el bienestar de miles de solicitantes de asilo, refugiados y migrantes.
«Durante más de cinco años, la política de la UE de contener a las personas y tramitar sus solicitudes de asilo en los hotspots de las islas griegas ha creado una crisis sin precedentes y un enorme sufrimiento humano. No se trata de consecuencias imprevistas», afirma Reem Mussa, nuestra asesora humanitaria en materia de migración y una de las autoras del informe. «El modelo de los Centros de Recepción e Identificación de la UE está diseñado no solo para procesar las solicitudes de asilo, sino también para disuadir a otros que se atrevan a buscar seguridad en Europa«, apunta.
Durante 2019 y 2020, nuestras clínicas de salud mental en Quíos, Lesbos y Samos trataron a 1.369 pacientes, muchos de los cuales sufrían graves problemas de salud mental, como trastorno de estrés postraumático y depresión. En ese periodo, nuestros equipos trataron a 180 personas que se habían autolesionado o habían intentado suicidarse. Dos de cada tres eran niños, el más pequeño tenía solo seis años.
Nuestros pacientes citaron las tensiones diarias y el miedo constante como los principales factores que afectan a su bienestar y salud mental. Entre estos también incluían las malas condiciones de vida, los complicados procedimientos administrativos y de asilo, la exposición a la violencia y la inseguridad, la separación de la familia, las necesidades médicas no atendidas y el miedo a la deportación.
Desde hace años, en las islas griegas se desatienden hasta las necesidades más básicas. Desde MSF y otras ONG nos hemos visto obligados a intervenir continuamente para prestar servicios esenciales, desde la asistencia sanitaria hasta la provisión de agua. Entre octubre de 2019 y mayo de 2021, transportamos en camiones más de 43 millones de litros de agua para los habitantes del superpoblado campo de refugiados en Vathy, en Samos, donde el agua no es potable.
«A pesar de afirmar que pretenden un cambio a mejor, la UE y el Gobierno griego están gastando millones de euros para normalizar e intensificar políticas que ya han hecho mucho daño«, recalca Iorgos Karagiannis, nuestro coordinador general en Grecia.
«De forma sorprendente, el campo de Moria, en Lesbos, que no solo era disfuncional sino mortal, es ahora el modelo de un nuevo centro de tipo carcelario en Samos. La nueva instalación se encuentra en una zona remota y expuesta de la isla y mantendrá a las personas en contenedores, rodeadas de alambre de espino, con la entrada y la salida controladas. Esto no puede venderse como una mejora de las condiciones de vida de las personas. Por el contrario, seguirá provocando una degradación de su salud mental, una nueva crisis de protección y hará aún más invisible el sufrimiento de solicitantes de asilo y personas refugiadas y migrantes atrapadas en las islas griegas», añade Karagiannis.
La UE y el Gobierno griego están intensificando la crisis con la planificación de nuevos Centros Polivalentes de Acogida e Identificación (MPRICs por sus siglas en inglés) en lugares remotos de las islas griegas. Uno de estos centros restrictivos ya se está construyendo en Samos y podría entrar en funcionamiento este mismo mes de junio.
«No es demasiado tarde para la compasión y el sentido común. La UE y sus Estados miembros deben poner fin a las políticas de contención y garantizar que las personas que llegan a Europa tengan acceso a la asistencia urgente, a la protección y a la reubicación para una acogida y una integración seguras en las comunidades de toda Europa», concluye Mussa.
