En la actualidad, las principales rutas migratorias del mundo se hallan desbordadas por un sinnúmero de personas que han sido desplazadas forzosamente de sus hogares por conflictos políticos, violaciones de los derechos humanos, cambio climático y consecuencias económicas derivadas de la pandemia COVID-19, entre otras causas.
En toda Europa, seguimos atestiguando cómo cientos de miles de personas mueren ahogadas en el mar mientras huyen de la crisis que atraviesan en sus países de origen; cómo se intercepta y rechaza a un sinfín de comunidades migrantes en las fronteras, se les niega asistencia humanitaria y se las criminaliza por buscar seguridad en otros sitios.
La mortífera política migratoria de la UE afecta a miles de personas migrantes en toda Europa
En lugar de asumir sus responsabilidades internacionales hacia las personas que buscan protección y asilo en sus puertas, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) siguen aprobando políticas violentas que cuestan centenares de vidas.
A raíz de su respuesta a los desplazamientos masivos derivados de la guerra en Ucrania, la UE nos ha demostrado que es capaz de crear y aplicar una política migratoria humana, lo único que falta es voluntad política.
Desde los planes de acción para el Mediterráneo Central y los Balcanes Occidentales para responder al flujo migratorio irregular, hasta la promulgación del Pacto de Migración y Asilo, y la financiación y externalización de prácticas fronterizas perjudiciales a otros países, como Libia, la UE está erosionando activamente el sistema de asilo y no está proporcionando una protección significativa a las personas que buscan seguridad.
Los países de la UE, entre ellos Italia, están haciendo todo lo posible para reforzar el control en las fronteras e impedir las salidas, al tiempo que criminalizan las operaciones civiles de búsqueda y rescate.
«Pedimos a los líderes de la UE que antepongan la protección de las vidas humanas y proporcionen un trato digno y humano a las personas que buscan seguridad en Europa», declaró Julien Buha Collette, nuestro jefe del equipo de operaciones de en Europa.
«Las necesidades médicas de las personas y su derecho a un proceso de asilo justo deben respetarse y priorizarse por encima de todo».
Cada día, nuestros equipos prestan atención médica y psicológica a una multiplicidad de personas, incluidos niños y niñas, que buscaban protección en Europa, pero que en su lugar encontraron violencia, condiciones de vida inadecuadas y acceso insuficiente a necesidades básicas, como alimentos, agua y saneamiento.
La ruta migratoria de los Balcanes: una zona de violencia sin escrúpulos
«Me quitaron los zapatos y la chaqueta, me pusieron un cordón de plástico en las muñecas, me empujaron la cara al suelo y me golpearon con palos en la pierna», nos contó un marroquí agredido por las autoridades fronterizas búlgaras.
«Me quitaron los zapatos, la chaqueta, el teléfono y el dinero. No dijeron nada, pero siguieron golpeándome y riéndose».
Nuestros equipos que trabajan en la ruta migratoria de los Balcanes Occidentales -que va de Albania a Serbia- y en las fronteras de Bielorrusia con Letonia, Lituania y Polonia atienden con frecuencia a más personas con heridas ocasionadas al intentar cruzar los muros y vallas fronterizos de la UE, cada vez más extensos.
En la frontera entre Polonia y Bielorrusia y entre Serbia y Hungría, nuestro personal médico trata fracturas, cortes y heridas causadas por alambradas de cinco metros de altura.
Los pacientes denuncian sistemáticamente agresiones físicas y robos de sus pertenencias por parte de guardias fronterizos y policías, así como ataques de perros bajo su dirección antes de ser empujados de vuelta al país del que huyen. En Grecia, Italia y Francia hemos escuchado historias de personas que sufrieron empujones en el mar y en tierra.
Los dirigentes de la UE atentan contra los derechos humanitarios de las personas migrantes
En lugar de investigar y detener esta violencia, los dirigentes de la UE manipulan las narrativas públicas como situaciones de crisis para criminalizar a los migrantes y justificar acciones que desatienden sus obligaciones hacia las personas que buscan seguridad.
En los últimos años, hemos visto escenarios plagados de empujones violentos y denegación de acceso al territorio a centenares de personas migrantes; un accionar fundado en estas narrativas de crisis y medidas extraordinarias aprovechadas por varios Estados miembros de la UE, como Grecia, Polonia, Hungría y Lituania.
En lugar de invertir en aumentar las instalaciones de acogida y mejorar la recepción con condiciones de vida dignas en toda la UE, los Estados miembros se centran en restringir el número de personas a las que permiten entrar y externalizan sus responsabilidades internacionales a otros países, a menudo menos seguros, como Libia.
«Hoy en día, las personas que sobreviven a la mortal travesía del Mediterráneo o a las montañas y bosques de Europa sólo lo hacen para ser sometidas a un trato indigno cuando llegan a suelo de la UE», afirmó Buha Collette.
«En toda Europa hemos asistido a la normalización de la violencia en sus fronteras. Además de las muertes en el mar y las violentas devoluciones, hemos oído informes de niños encerrados en contenedores de transporte y gaseados con gases lacrimógenos en Hungría antes de ser devueltos a Serbia. Es inhumano».
A través de las historias que nuestro personal humanitario escucha de los pacientes, seguimos siendo testigos del total desprecio de la UE por el derecho internacional, incluido el derecho a solicitar asilo, la obligación de prestar asistencia en el mar a las personas en peligro y la prohibición de los tratos inhumanos, crueles y degradantes y la tortura.
«Antes de mi primera llegada a Grecia, sufrí seis pushbacks», le contó un hombre de Somalia a los nuestros equipos médicos en Grecia.
«La última vez, llegamos a Lesbos por la mañana en barco. Cuando llegamos a la orilla, nos separamos y corrimos hacia los arbustos. Tras muchas horas escondidos, unos hombres con pasamontañas me encontraron, tiraron mi chaqueta y mis zapatos. Nos golpearon, nos subieron a un bote de plástico y nos empujaron de vuelta al mar, de vuelta a Turquía», sostuvo.
La UE impulsa la deportación y detención de personas refugiadas en detrimento de su protección y asilo
Los Centros de Acceso Cerrado y Controlado (CCAC) de Grecia, financiados por la UE, se presentan como una mejora de las condiciones de vida de los inmigrantes que llegan a las islas, aunque en realidad restringen drásticamente la libertad de movimientos de las personas y las mantienen encerradas en instalaciones similares a prisiones.
En Samos, el CCAC está rodeado de vallas de alambre de espino, vigilado las 24 horas del día y los 7 días de la semana, las personas deben pasar por una máquina de rayos X y son identificadas mediante datos biométricos (como las huellas dactilares).
En lugar de aprender de los errores del pasado, la UE sigue apostando por el modelo de «puntos calientes», que se centra en la deportación y la detención en lugar de en la asistencia y la protección.
Si se aprueban las propuestas legislativas que se están impulsando actualmente en la UE, reproducirán este modelo en todos los países de la UE, incluidos los procedimientos de asilo acelerados, que acortan drásticamente el tiempo de tramitación de las solicitudes de éste.
Esto conduce a la deportación de muchas personas que no han tenido la oportunidad de que su caso sea escuchado con imparcialidad. Además, la edad límite de detención se reducirá a 12 años.
Nuestros equipos de salud mental en Grecia siguen tratando a pacientes que sufren angustia y traumas, muchos de los cuales corren el riesgo de sufrir más traumas por estas duras restricciones y el precipitado procedimiento de asilo, que infunde el miedo a ser deportados de vuelta al peligro.
Mientras tanto, en Francia, Bélgica y Holanda, atendemos a solicitantes de asilo – incluidos menores no acompañados – que duermen en la calle al no tener acceso a un refugio seguro.
La crueldad y el horror que sufren quienes se animan a cruzar las rutas migratorias europeas
En 2022, aproximadamente 23.600 personas fueron interceptadas por los guardacostas libios financiados por la UE y devueltas por la fuerza a Libia. En dicho país, los migrantes corren el riesgo constante de ser detenidos arbitrariamente y sometidos a crímenes contra la humanidad, según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Este año, más de 4.200 personas ya han sido devueltas a la fuerza a Libia y 938 han perdido la vida o están desaparecidas tras arriesgarse a cruzar la mortífera ruta del Mediterráneo Central desde Libia hasta Europa: es el cuatrimestre más letal desde 2017.
«Después de entrar en Libia, nos llevaron a una prisión», dijo un joven de Camerún a los equipos de MSF en Libia.
«Pasé ocho meses allí. Nos pegaban mucho hasta que les pagábamos. Si no teníamos dinero, llamaban a nuestras familias y les exigían dinero para liberarnos. Hacían que nuestras familias escucharan por teléfono mientras nos golpeaban. A veces incluso grababan vídeos de nuestros malos tratos y se los enviaban a nuestras familias.
Yo no tenía dinero ni familia; pasé ocho meses encerrado y recibiendo palizas. Perdí la vista en un ojo después de que me golpearan con un palo de metal. El palo me dañó tanto el ojo que ahora no puedo ver con él. Ni siquiera me llevaron al hospital cuando esto ocurrió.», sostuvo.
«Las políticas de disuasión de la UE no evitarán tragedias como los recientes naufragios, ni impedirán que la gente intente buscar seguridad, sólo expondrán a la gente a viajes por mar aún más peligrosos», afirmó Buha Collette.
