Migrar por el continente americano en 2023 ha sido un suplicio para miles de personas. A las dificultades por inseguridad y falta de acceso a educación, salud y otros servicios básicos esenciales que enfrentan en sus países de origen, se le suma un camino repleto de riesgos que se agudizan con el paso de Colombia a Panamá a través de la inhóspita selva del Darién, luego cruza algunos de los países más peligrosos del mundo en América Central y termina en la árida y hostil frontera del norte de México.
Un factor es predominante en la ruta: la violencia en todas sus formas.
La crisis empeora porque el perfil de las personas en movimiento ha cambiado en los últimos años. Cada vez hay mayor proporción de familias con mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, población LGTBIQ+, personas con enfermedades crónicas y no hispanoparlantes; que son más vulnerables ante los efectos negativos de migrar en estas condiciones.
Por eso Vélez llama la atención sobre cómo los gobiernos han fallado en traducir en acciones concretas sus promesas de promover una experiencia migratoria digna para los miles de personas que buscan bienestar y seguridad fuera de sus países:
“El abuso contra las personas migrantes y la negligencia de las instituciones en la respuesta a sus necesidades son una constante a lo largo de la región”, afirma Camilo Vélez, jefe de Misión adjunto de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México y América Central. “Cada día, nuestros equipos en Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México escuchan testimonios de amenazas, robos, extorsiones, secuestros, torturas y violencia sexual durante el viaje, incluso por parte de las mismas autoridades; lo cual causa un impacto muy grave sobre el bienestar físico y emocional de estas poblaciones”, enfatiza.
2023, otro año de violaciones a los derechos de las personas migrantes
En mayo, el gobierno de Estados Unidos perdió una oportunidad única para cumplir su promesa de reconstruir el sistema de asilo en ese país. Tras el inevitable final del Título 42, que permitió la expulsión de cerca de dos millones de personas en sus tres años de aplicación, la administración de ese país decidió reforzar la aplicación de la Ley de Migración conocida como Título 8, pero en esta ocasión fortalecida con nuevas restricciones y mayores castigos para quienes crucen irregularmente sus fronteras.
Paralelamente, el gobierno de Joe Biden ha mantenido las iniciativas de CBP One y Paroles humanitarios enfocados hacia ciudadanos de origen venezolano, nicaragüense, haitiano y cubano. Sin embargo, la cantidad de cupos disponibles es muy inferior a la demanda y las propias barreras técnicas de la aplicación, así como criterios excluyentes como la obligatoriedad de tener patrocinio en ese país, impiden que se conviertan en herramientas capaces de canalizar los flujos de personas que migran hacia ese destino.
Mientras tanto, la respuesta de los gobiernos de la región oscila entre la criminalización y el abandono:
“En nuestros puntos de atención a lo largo de la ruta migratoria, las personas nos cuentan cómo, por la acción u omisión de las autoridades, se ven enfrentadas a secuestros, asaltos y violencia sexual en el Darién panameño; robos, extorsiones y retos de acceso a servicios esenciales en Honduras; extorsiones y abusos sexuales en Guatemala, secuestros y operativos para detenerlas en México, entre otras”, explica Renata Viana, responsable regional de incidencia de MSF en México y América Central.
Incluso en estas condiciones tan adversas, en 2023 las personas no han parado de migrar. En la primera semana de diciembre, cifras de Migración Panamá indican que el número de personas que han cruzado este año la selva del Darién llegó a 500.000, más del doble de personas que lo hicieron en todo el 2022.
En México, hasta octubre el Instituto Nacional de Migración registró 588.626 personas en situación irregular, un 33 por ciento más que en todo el año anterior. Hasta noviembre, la Comisión Mexicana de Apoyo al Refugiado (COMAR) recibió casi 137,000 solicitudes de asilo, la mayor cifra en la década reciente.
A más personas migrando y menos respuesta institucional adecuada, la crisis humanitaria se agudiza. “Además de estar expuestas a múltiples formas de violencia, estas poblaciones se enfrentan a múltiples discriminaciones e innumerables carencias que amenazan sus vidas. Los gobiernos de la región y el mundo siguen fallando en brindarles seguridad, protección y la asistencia médica y humanitaria a la que tienen derecho”, afirma Viana.
Violencia omnipresente
Lejos de las oficinas estatales donde tardan en tomar decisiones, en las carreteras donde las personas luchan por mantenerse a salvo y continuar el camino, organizaciones como la nuestra brindan atención médica y humanitaria para aliviar el sufrimiento del viaje. Entre enero y octubre de 2023, nuestros equipos han realizado 133.101 consultas médicas y 8.074 de salud mental en los proyectos de asistencia a población migrante que tenemos en toda la región. También nos hemos acercado a miles de personas con actividades de promoción de la salud y soporte social.
En términos de salud física, las principales afectaciones que atienden los equipos están relacionadas con las pésimas condiciones en las que suele transcurrir el viaje por la región. Entre ellas están las infecciones respiratorias por dormir a la intemperie y soportar cambios constantes de clima, enfermedades gastrointestinales por beber agua no potable y no tener acceso a saneamiento adecuado, heridas abiertas y contusiones musculares por las extensas jornadas de caminata y por hechos de violencia. Todo esto se ve agravado por la falta de acceso a servicios de salud en la ruta.
Sin embargo, es en el aspecto emocional donde más se reflejan los impactos de la permanente exposición a la violencia que sufren las personas migrantes en la región. Cerca del 70 por ciento de las consultas que atienden nuestros equipos de salud mental tienen como principales factores precipitantes haber sido víctima o haber presenciado algún hecho violento, así como afectaciones por separación y pérdida.
Así mismo, uno de los tres principales diagnósticos en las personas atendidas es la reacción al estrés agudo, que está relacionado con eventos que han ocurrido en un periodo cercano al momento de la consulta:
“Las personas sufren la violencia en sus lugares de origen, durante sus trayectos y cuando llegan a la frontera de México y Estados Unidos. La multiplicidad de las acciones violentas, su persistencia a lo largo del tiempo y la falta de atención digna y adecuada agravan las consecuencias negativas en su salud física y emocional”, explica Viana.
Una de las aristas más crudas de la violencia contra las personas migrantes es la violencia sexual. A lo largo de la ruta son frecuentes los relatos, mayoritariamente de mujeres, sobre esta práctica recurrente que incluye violaciones, revisiones intrusivas, tocamientos, explotación sexual, servicios o trabajos forzosos y prácticas que en general son similares a la esclavitud y explotación de niños, niñas, adolescentes y adultos.
“La violencia sexual en el Darién es cada vez más cruel y deshumanizante”, dice Luis Eguiluz, nuestro jefe de Misión en Colombia y Panamá. “Los testimonios de las pacientes dan cuenta de hombres armados que secuestran a grupos enteros de personas migrantes, les roban su dinero y les dicen que es el costo por pasar por allí. La violencia sexual, que va desde tocamientos hasta violaciones, ocurre frente a las demás personas o en carpas instaladas para ese fin en la mitad de la selva”.
Entre enero y octubre de 2023, nuestros equipos en Panamá atendieron a 397 sobrevivientes de violencia sexual. Tan solo el último mes fueron 107 casos, acentuando una tendencia que ya viene siendo alarmante. No solo en el Darién: en Honduras, este año se han asistido 76 casos, en Guatemala 61 y en México 500.
“Esto es solo de la superficie del problema, pues el subregistro es enorme. En nuestros proyectos hemos visto que existe un desconocimiento de que la violencia sexual es una urgencia médica que, si no es atendida a tiempo, puede afectar gravemente la vida de la persona violentada, tanto en salud física como mental”, dice Eguiluz.
Además, no todas las sobrevivientes reciben atención oportuna debido a la falta de los medicamentos apropiados en los centros de salud y al estigma contra las víctimas que envuelve esta forma de violencia.
Las amenazas de los perpetradores y las formas de violencia sexual que no se reconocen como tal hacen que las personas no se sientan seguras para pedir ayuda. El temor a procesos administrativos revictimizantes que pueden desembocar en deportaciones que retrasan su camino hacia el norte del continente también es un elemento central para que estos casos queden desatendidos.
Futuro incierto
A finales de octubre, el gobierno mexicano convocó una reunión de alto nivel con representantes de 11 países de la región para tratar las causas de la crisis migratoria. En una declaración posterior al evento, anunciaron su intención de implementar políticas integrales que respeten el derecho humano a migrar, al tiempo que rechazaron las medidas coercitivas y pidieron más vías legales para las personas que buscan un futuro lejos de sus países de origen.
“Aunque este tipo de espacios son importantes para poner el tema en la agenda de los gobiernos, hasta el momento en nuestros puntos de atención no hemos visto que los anuncios se hayan traducido en cambios concretos para las personas migrantes”, afirma Camilo Vélez. “Los flujos se han reducido en las últimas semanas como ocurre cada final de año, pero seguimos siendo testigos del sufrimiento que enfrentan las personas que cruzan el Darién, de las difíciles condiciones en el paso por Costa Rica, Honduras y Guatemala, de la falta de albergues o centros de atención, así como de la crítica situación de seguridad que viven quienes migran a lo largo de México”, continúa.
Según Vélez, el panorama se hace aún más sombrío si se tiene en cuenta que el próximo año México y Estados Unidos tienen elecciones presidenciales y es muy probable que el tema migratorio quede inmerso en las disputas políticas a los dos lados de la frontera.
“Nuestros equipos atestiguan todos los días las consecuencias humanitarias de la inacción y la negligencia de los gobernantes en este aspecto. Por eso insistimos a las autoridades y a otras organizaciones para que redoblen esfuerzos que se traduzcan atenciones dignas para estas poblaciones. Las personas migrantes tienen derecho a la protección urgente y a la asistencia humanitaria. Migrar no es un crimen”, concluye Vélez.
