En Libia, migrantes y refugiados son detenidos arbitrariamente y recluidos en centros de detención donde no tienen garantizado el acceso a la atención médica. Esa asistencia es brindada por un puñado de organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras (MSF) o agencias de Naciones Unidas, que logran estar presentes a pesar de la violencia y la inseguridad generalizadas.
Al trabajar dentro de un sistema de detención perjudicial y explotador, el riesgo de hacer más daño siempre está presente, lo que plantea desafíos éticos a los trabajadores humanitarios. En este contexto, enfrentamos dilemas en relación a cuestiones como la independencia de acción, el acceso, la aceptación y los límites en la respuesta que podemos brindar a los pacientes.
Obtener acceso sin restricciones
El primer desafío es el acceso sin restricciones a instalaciones parecidas a cárceles donde la atención médica depende del consentimiento de las autoridades a cargo de las detenciones. En una Libia fragmentada, algunos centros están más firmemente bajo control del Ministerio del Interior, pero otros están bajo el control de las milicias y grupos armados que controlan el territorio de facto. A medida que cambia la dinámica de poder también lo hace la administración de los centros de detención; a veces, de un día para el otro. Esto se produce en un contexto de fronteras difusas entre las autoridades y de redes de trata de personas sobre las que académicos y observadores vienen informando desde hace tiempo.
Estamos obligados a negociar el acceso a los detenidos dentro de los centros y debemos tratar a los pacientes en presencia de guardias armados. Los médicos no siempre tienen libertad para realizar el triaje de los pacientes o decidir de manera independiente cuál debe ser revisado o tratado. En algunos centros de detención, las personas nos son ocultadas. Una vez que las personas ingresan a un centro, no hay forma de rastrear lo que les sucede porque no hay registros formales ni adecuados. Esto dificulta extremadamente la supervisión y el seguimiento de los pacientes. De un día para el otro las personas pueden ser transferidas a otro centro o trasladas a sitios no develados. Algunos pacientes simplemente desaparecen sin dejar rastro.
Esto tiene un claro impacto en la calidad de la atención médica que podemos proveer. Nuestros equipos están preocupados por la propagación de enfermedades transmisibles dentro de los centros de detención; específicamente por la interrupción de tratamientos de pacientes con tuberculosis (TB). Cuando la TB no se trata o cuando se corta el tratamiento ésta puede diseminarse y volverse resistente a la medicación. Este es un grave riesgo para la salud pública, tanto dentro como fuera de los centros de detención.
No ser percibidos como parte del sistema de detención
El segundo desafío, cuando el acceso está garantizado, es no ser percibidos como parte del sistema de detención. La presencia de nuestro personal podría estar otorgando un manto de respetabilidad y legitimidad a un sistema que detiene a las personas arbitrariamente, sin permitirles recurrir a la ley y exponiéndolas a daños y explotación. Para evitar esto, hemos pedido públicamente el fin de la detención arbitraria de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en Libia, y hemos denunciado las políticas de los gobiernos europeos que pretenden “sellar” las fronteras libias y “contener” a las personas allí, donde sufren niveles alarmantes de violencia.
La efectividad de las intervenciones
El tercer desafío tiene que ver con la limitación en la relevancia y efectividad de nuestro trabajo cuando es el propio entorno el que causa los problemas que los médicos intentan abordar. Tratamos a los detenidos principalmente por infecciones respiratorias o urinarias, diarrea acuosa aguda o enfermedades de la piel. Son problemas causados o agravados por la falta de asistencia médica consistente o adecuada y por las condiciones inhumanas e indignas en los centros de detención. Intervenciones a gran escala para abordar altas tasas de infecciones de la piel e infestaciones de sarna, piojos y pulgas solo dan alivio temporal, ya que los colchones y ropa de cama pronto vuelven a infectarse dentro de los centros. Podemos derivar a los pacientes a hospitales privados a condición de que sean devueltos al centro de detención al finalizar el tratamiento. Las embarazadas que son remitidas al hospital para el parto deben ser devueltas al centro de detención con sus bebés recién nacidos.
La detención arbitraria tiene impacto directo en la salud mental. Las personas no saben si su sufrimiento terminará o cuándo. Están ansiosas y temerosas de lo que va a pasar; desesperadas por hacerles saber a sus seres queridos que están vivas, pero no pueden hacerlo porque casi no tienen contacto con el mundo exterior. Muchos pacientes tienen pensamientos suicidas, problemas para dormir, síntomas de trastorno de stress post-traumático, sufren depresión, ansiedad y ataques de pánico. Atendemos regularmente a pacientes con afecciones psiquiátricas que requieren internación, situación a menudo vinculada a, o agravada por, estar detenidos en estas circunstancias.
Un abrumador número de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo detenidos han sufrido alarmantes niveles de violencia y explotación en Libia y durante sus trayectos desde sus países de origen. Hay muchas víctimas de violencia sexual, trata, tortura y malos tratos. Los más vulnerables son los niños (a veces sin padres ni tutores), mujeres embarazadas o en período de lactancia, ancianos, personas con discapacidades mentales o con condiciones médicas graves. A pesar de su vulnerabilidad y necesidad de protección, las opciones para ayudarlos son limitadas y, a menudo, no hay un lugar seguro para ellos.
