La pandemia por COVID-19 está teniendo impactos secundarios potencialmente catastróficos en la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Las decisiones tomadas en todos los niveles de respuesta a la pandemia están provocando que las mujeres estén más excluidas de los servicios de salud sexual y reproductiva, lo que amenaza con un fuerte aumento de la mortalidad materna y neonatal.
A menudo, a las mujeres y a las niñas se les niega la atención o se enfrentan a retrasos peligrosos para obtener los servicios que necesitan. Los efectos de las políticas equivocadas y las barreras para acceder a la atención son especialmente graves en lugares con sistemas de salud frágiles o sobrepasados, incluidos muchos de los lugares donde trabaja Médicos Sin Fronteras (MSF).
Una lección enormemente significativa del brote de Ébola en África Occidental de 2014-16 es que la mayor amenaza para la vida de las mujeres y las niñas no era el virus del Ébola, sino el cierre de los servicios de salud de rutina y el temor de las personas a acudir a los centros de salud, donde podían contagiarse. Miles de vidas más se perdieron cuando los servicios de parto seguro, atención neonatal y planificación familiar se volvieron inaccesibles debido al brote. En este momento, estamos presenciando la misma dinámica en una escala mucho mayor.
Los equipos de MSF en nuestros proyectos médicos en todo el mundo cuentan que ya están viendo los dolorosos efectos indirectos de la pandemia en las vidas de las mujeres. Según las entrevistas realizadas con el personal de MSF en Colombia, Honduras, Grecia, Uganda, Mozambique, Sudáfrica, Irak y Afganistán, los desafíos más grandes que enfrentan las mujeres y las niñas en este momento incluyen:
- Cierres y recortes en los servicios de salud sexual y reproductiva.
- Restricciones de movimiento, incluidas las prohibiciones de viaje, bloqueos y toques de queda.
- Interrupciones de la cadena global de suministros.
- Falta de información y orientación clara sobre salud pública.
Además, ha habido informes significativos sobre los impactos económicos de la pandemia, con las comunidades pobres y marginadas más afectadas. Los refugiados, los trabajadores migrantes y las personas que trabajan en empleos informales enfrentan dificultades extremas para acceder a la atención médica básica, y estos desafíos se ven agravados por el COVID-19.
La atención de la salud sexual y reproductiva es esencial
Las necesidades de salud sexual y reproductiva a menudo se desatienden en medio de una emergencia, y no ha sido diferente con el COVID-19. En marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una guía provisional para mantener los servicios esenciales durante un brote, que incluyó consejos para priorizar los servicios relacionados con la salud reproductiva y hacer esfuerzos para evitar la morbilidad y mortalidad materna e infantil. Sin embargo, como los gobiernos, los ministerios de salud y los proveedores de primera línea se vieron obligados a tomar decisiones difíciles sobre qué servicios son los más importantes, las mujeres a menudo quedaron excluidas. Los recursos para el cuidado de la salud de las mujeres, en ocasiones, se desviaron para apoyar las actividades de respuesta a el COVID-19.
Aunque el acceso a la atención para un parto seguro ha sido reconocida como un servicio de salud esencial, muchas mujeres embarazadas súbitamente se encontraron con menos opciones para recibir atención. En Likoni, Kenia, se cerraron los centros de salud donde las mujeres normalmente dan a luz y se reasignó a los trabajadores sanitarios a la crisis por COVID-19. En Mosul, Irak, después de que uno de los principales hospitales del gobierno fuera reutilizado temporalmente como centro de tratamiento COVID-19, al hospital de MSF comenzaron a llegar muchas más mujeres embarazadas que acudían para recibir atención de parto. El proyecto de MSF en Choloma, Honduras, también experimentó un fuerte aumento de pacientes: a medida que los hospitales del gobierno en la ciudad también se convertían en centros COVID-19, el promedio de nacimientos mensuales de MSF aumentó de 55 a 75, a pesar de un bloqueo total y paralizante en el movimiento de las personas.
Algunos servicios de salud sexual y reproductiva, como la anticoncepción y la atención para un aborto seguro, a menudo se consideran como servicios no esenciales o incluso ilegítimos. Estos servicios han sido muy politizados, haciéndolos más propensos a ser despriorizados durante una crisis como la que vivimos hora.
La actual Administración de Estados Unidos está utilizando su poder como el mayor donante de asistencia sanitaria mundial para tratar de eliminar el apoyo a la atención de la salud sexual y reproductiva del Plan de Respuesta Humanitaria Global de la ONU para el COVID-19. Esto afecta un amplio espectro de atención esencial para las mujeres, desde partos seguros hasta tratamientos de violencia sexual y exámenes de detección de cáncer de cuello de útero. Los funcionarios estadounidenses se oponen a la inclusión del plan de servicios de salud sexual y reproductiva como una prioridad, y advierten a la ONU no usar la crisis del nuevo coronavirus «como una oportunidad para avanzar en el acceso al aborto como un ‘servicio esencial’».
Un ejemplo reciente de cómo las políticas de Estados Unidos destinadas a limitar el acceso al aborto en todo el mundo en realidad tienen impactos en la salud pública mucho más amplios. Hemos visto esto antes, con el restablecimiento y la expansión de la Global Gag Rule por parte de la Administración de Estados Unidos. En 2017, cortando fondos para servicios esenciales de planificación familiar y también perjudicando a las organizaciones y centros de salud que brindan atención para la desnutrición, la malaria y el VIH.
Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, miles de centros que brindan servicios de salud sexual y reproductiva han cerrado, y se pronostican más cierres. Un estudio realizado por el Instituto Guttmacher predice que los cierres podrían eliminar hasta el 80% de estos servicios, incluidos la anticoncepción y la atención para un aborto seguro. El estudio estima que incluso un recorte del 10% significaría unos 15 millones de embarazos no deseados, más de 3 millones de abortos inseguros y 28.000 muertes maternas adicionales.
El aborto no seguro es una de las principales causas de mortalidad materna en todo el mundo, matando al menos a 22.800 mujeres y niñas e hiriendo gravemente a millones más cada año. Es la causa de muerte materna más fácil de prevenir, a través del acceso a servicios de anticoncepción y aborto seguro, y la más difícil, debido al estigma, la criminalización y las presiones políticas y sociales profundamente arraigadas.
Para junio de 2020, América Latina se había convertido en el centro de la pandemia de COVID-19, con más casos confirmados que cualquier otra región. El proyecto de MSF a lo largo de la frontera de Colombia con Venezuela, en el departamento de Arauca, ha continuado proporcionando los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva que el país no ofrece a los refugiados y migrantes, incluyendo la atención para un aborto seguro. Aunque el aborto está despenalizado en gran medida en Colombia, el acceso a estos servicios puede ser muy difícil incluso para las ciudadanas colombianas.
«En tiempos normales, hemos atendido casos de interrupción del embarazo con la población colombiana», dice Anne-Cécile Trapy, coordinadora del proyecto de MSF en Arauca, «porque se encontraron con barreras sociales en los centros de salud que no pudieron superar.»
En el contexto del COVID-19, más colombianas han acudido con MSF por los servicios de aborto seguro destinados principalmente a refugiadas y migrantes venezolanas.
En un estudio de 2019, MSF encontró casi un tercio de las pacientes que acudieron para recibir atención para un aborto seguro en nuestro proyecto en Tumaco y Buenaventura, en el oeste de Colombia, fueron rechazadas antes por otra instalación. Muchas de ellas describieron haber sido humilladas al recibir información incorrecta sobre sus derechos legales. Muchos proveedores de atención médica en Colombia citan creencias religiosas o morales como motivos de rechazo. El COVID-19 disuade a las mujeres de acceder a servicios de aborto seguro.
El aborto es un servicio urgente, pero Trapy dice que las mujeres que necesitan atención para un aborto seguro se enfrentan a citas que son asignadas muy a futuro. «Puede retrasar la fecha [del aborto] y luego complicarse», dice ella. Si una mujer necesita un aborto en el segundo trimestre, tiene que ir a la capital, Bogotá. Si esto es difícil en tiempos normales, durante el COVID-19, con los toques de queda, el transporte restringido y los ingresos desplomados, los desafíos se vuelven insuperables.
En Rustenburg, Sudáfrica, los servicios de aborto fueron cerrados inicialmente por los establecimientos de salud, por la percepción errónea de que los servicios de aborto no son atención médica esencial. La abogacía de MSF con las autoridades y proveedores de salud locales ayudó a reabrir esos servicios.
En Beira, Mozambique, los equipos de MSF dicen que muchas mujeres simplemente asumieron que no se brindarían servicios de aborto durante el cierre. El aborto es legal hasta las 12 semanas, pero las mujeres siguen enfrentándose a varias barreras, incluyendo un período de espera obligatorio de tres días y la creencia generalizada de que los esposos deben dar su permiso.
En cada uno de estos tres países, la falta de orientación e información claras, además de una historia de barreras institucionales, ha afectado el acceso de las mujeres a la atención que necesitan.
Las prohibiciones de viaje, los bloqueos y las restricciones de movimiento agravan los peligros
Las prohibiciones de viaje y las restricciones de movimiento impuestas para limitar la propagación del nuevo coronavirus han tenido consecuencias no deseadas en todos los aspectos de la atención sexual y reproductiva.
El hospital de maternidad de MSF en Khost, en el este de Afganistán, experimentó una caída del 40 por ciento en las pacientes a principios de junio. El centro generalmente ayuda en los partos de un promedio de 2.000 bebés por mes y trata a los recién nacidos enfermos en su unidad neonatal de 22 camas, cubriendo enormes necesidades en un área con pocos servicios de atención médica gratuitos y de alta calidad. Mantener el hospital abierto ha sido una lucha, ya que el personal se ha enfermado y las vacantes de parteras y ginecólogos han quedado sin cubrir por las restricciones de viajes internacionales (a finales de mes, el hospital solo podía aceptar mujeres con complicaciones que necesitaban atención de emergencia para salvar vidas).
Tan desafiante como es mantener las actividades en funcionamiento, la caída en el número de pacientes es aterradora. Las mujeres en esta área han tenido dificultades para obtener transporte. Es probable que muchas estén dando a luz en casa con parteras tradicionales que no han recibido capacitación formal, en un entorno que puede no ser seguro. «Es muy preocupante», explica Severine Caluwaerts, asesora de salud sexual y reproductiva del proyecto. «Sabemos que algunas de esas mujeres están dando a luz en centros de salud comunitarios más pequeños que han desarrollado capacidad recientemente, lo cual es bueno», dice Caluwaerts, pero advierte que no hay suficientes clínicas locales para satisfacer las enormes demandas. Es probable que muchas de las muertes maternas y neonatales causadas por restricciones de movimiento, en Afganistán y en todo el mundo, nunca se cuenten, precisamente porque las mujeres nunca llegaron a un centro de salud.
En Kenia, por la noche las mujeres embarazadas han tenido problemas para encontrar transporte a los hospitales después del toque de queda. En nuestro proyecto en Likoni, MSF ha estado escribiendo notas para que los conductores presenten a la policía si son detenidos después de salir del hospital. La gente estaba asustada después de las noticias de un conductor que fue detenido y brutalmente golpeado por la policía mientras llevaba a una mujer en trabajo de parto a un centro de salud después del toque de queda. En Mathare, también en Kenia, la falta de transporte nocturno para las mujeres llevó a las ambulancias de MSF a duplicar su actividad en abril.
Los bloqueos y las medidas de distanciamiento físico también contribuyen a un aumento inquietante en los informes de violencia doméstica, incluyendo la violencia sexual. Quedarse en casa no es seguro para muchas mujeres y niñas que pueden estar atrapadas con su abusador. La Organización Mundial de la Salud informa que una de cada tres mujeres experimenta violencia física o sexual, principalmente por parte de una pareja íntima. Durante la pandemia de COVID-19, los datos emergentes de todo el mundo muestran que la violencia doméstica se ha intensificado, según ONU Mujeres. Las tensiones pueden acumularse en espacios confinados, especialmente con un estrés adicional por problemas de salud, inseguridad económica y temor por el futuro.
Aún cuando la necesidad de atención por violencia sexual aparentemente crece, el acceso a los servicios de salud es más difícil. En muchos lugares, MSF está viendo un aumento inquietante en los informes pero una reducción en el número de personas que realmente acuden a recibir atención. En Sudáfrica, una línea directa nacional que recibe reportes de violencia sexual vio un triplicación en las llamadas después de que entrara en vigencia el bloqueo en todo el país. «Pero aunque hubo un aumento en los reportes, vimos una disminución en las visitas a la clínica», dice Kgaladi Mphahlele, gerente de actividades de planificación familiar y atención para aborto seguro de MSF en Rustenberg, una ciudad minera de platino con una gran comunidad de migrantes.
En toda la ciudad y sus alrededores, otras clínicas informaron la misma situación. Es probable que muchas personas que llamaron no pudieran salir de sus hogares o recibir transporte a un centro de salud, dice Mphahlele. MSF proporciona transporte para personas que buscan tratamiento por violencia sexual, y seguimos haciéndolo durante todo el confinamiento. También hemos comenzado el asesoramiento de telesalud.
Acceder a la atención por violencia sexual puede ser extremadamente difícil incluso en tiempos normales, debido al estigma, el miedo a represalias y la falta de confianza en las autoridades, entre otras razones. Ahora las mujeres y las niñas enfrentan aún más obstáculos. Solo se ven casos de emergencia en muchos centros de salud, y solo con cita previa.
El tratamiento para los casos de violencia sexual es urgente: las víctimas de violación deben presentarse dentro de las 72 horas posteriores a la agresión para que la profilaxis post-exposición contra el VIH sea efectiva, y dentro de los cinco días posteriores para que funcione la anticoncepción de emergencia.
Debido a que la violencia sexual es un tema tabú, muchas personas desconocen la necesidad urgente de tratamiento, y mucho menos que este es un servicio esencial.
En Choloma, Honduras, nuestro equipo está viendo un patrón inquietante. «Se ha informado que la violencia de las pandillas ha disminuido [durante el confinamiento], pero la violencia doméstica ha aumentado, como lo ha hecho en todas partes», dice la Dra. Jennifer Stella, asesora médica de MSF en Choloma. Sin embargo, la cantidad de mujeres que acuden a los servicios de tratamiento de violencia sexual de MSF ha disminuido, probablemente debido a restricciones en el transporte, dice ella. «Cuando las pacientes pueden ponerse en contacto con el trabajador social o el psicólogo, les enviamos taxis para llevarlas a la clínica«.
La detección de síntomas de COVID-19 es parte de las medidas de control de infecciones en muchos centros de salud en este momento, pero también puede presentar una barrera para recibir atención, especialmente para las personas que buscan tratamiento por violencia sexual. El proyecto de MSF en Rustenberg tiene una ruta cuidadosamente considerada para proteger la privacidad del paciente, pero este no es el caso en muchas otras instalaciones en el área. «Al llegar a muchos centros de atención médica primaria, se pregunta a los pacientes: «¿por qué estás aquí?» Antes de proceder al triaje para detectar síntomas de COVID-19″, dice Mphahlele. «Es imposible que una persona responda,»fui violada», en la puerta del centro».
Los suministros, desesperadamente necesarios, están fuera del alcance
La escasez de equipos de protección individual (EPI) ha sido una preocupación importante desde el comienzo del brote de COVID-19, y agrega otra barrera para que mujeres y niñas accedan a la atención médica. En Mathare, Kenia, los equipos de MSF han visto el cierre de instalaciones médicas privadas donde las mujeres generalmente reciben servicios de salud sexual y reproductiva por la falta de EPI. En Zimbabwe, donde MSF apoya un proyecto administrado por el gobierno para la atención del cáncer de cuello uterino, los servicios se redujeron considerablemente, en parte debido a la falta de EPI. El número de consultas disminuyó de más de 400 en marzo, a alrededor de 50 en abril.
Las interrupciones de la cadena de suministros afectan mucho más que el EPI. El impacto de estas interrupciones se está sintiendo en todo el mundo, pero especialmente en los países de bajos y medianos ingresos. En abril, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la agencia dedicada a la planificación familiar, informó de posibles desabastecimientos de productos vitales en 46 países durante los siguientes seis meses, incluyendo los anticonceptivos, las píldoras para el aborto y los medicamentos para la salud materna como la oxitocina, un fármaco esencial que previene y detiene el sangrado durante el parto. Los fabricantes están viendo un aumento en los cargos de envío debido a la reducción en el número de vuelos y personal. Si estos costos se transfieren al comprador, el acceso a la salud sexual y reproductiva podría ser aún más difícil para las mujeres de escasos recursos. Si las autoridades no hacen más para garantizar que los suministros médicos esenciales sean accesibles para quienes los necesitan, el resultado será más muertes maternas.
Ha habido una serie de informes de los medios de comunicación y de los principales fabricantes sobre el efecto dominó del quiebre de la cadena de suministros, que ha resultado en la escasez de productos de planificación familiar. La pausa en la fabricación en países como China, India y Tailandia a principios de este año hicieron que los pedidos regulares de todo, desde condones hasta mifepristona, un medicamento para el aborto, no pudieran completarse. Ahora, las fábricas se enfrentan a una larga lista de pedidos pendientes. Los envíos de productos se han quedado atascados en aeropuertos y puertos marítimos, por lo que ahora los servicios de despacho de aduanas y envío también enfrentan largos retrasos. Las entregas de suministros se retrasan aún más a lo largo de las rutas de transporte debido a los toques de queda, cierres y puntos de control.
Los proyectos de MSF también se han visto afectados por problemas de suministros. Nuestros equipos han podido mitigar los peores efectos al tener suministros vitales pre abastecidos o en ubicaciones estratégicas cercanas a nuestros proyectos. Esto es algo que hacemos para prepararnos ante las emergencias. No obstante, muchos de nuestros proyectos en todo el mundo, incluidos nuestros proyectos de salud sexual y reproductiva, se han visto afectados por la falta de medicamentos y EPI. El impacto varía de un proyecto a otro: en uno de nuestros proyectos para refugiados rohingya en Cox’s Bazar, Bangladesh, la gran escasez de medicamentos, así como de personal, obligó a nuestro equipo a limitar los servicios de atención prenatal solo a mujeres en su tercer trimestre. En otros lugares, MSF puede apoyar temporalmente los establecimientos de salud con suministros críticos.
En nuestro proyecto en Arauca, Colombia, MSF proporciona a las mujeres suministros anticonceptivos a largo plazo. Para ayudar a evitar un aumento de embarazos no deseados y posibles abortos inseguros después del período de confinamiento, el equipo recomienda que las mujeres lleven con ellas píldoras anticonceptivas para varios meses o consideren usar métodos anticonceptivos de acción más prolongada. La misma estrategia se está utilizando en muchos proyectos de MSF que tienen suministros adecuados.
La desinformación puede ser mortal
Otro desafío que enfrentan las mujeres y las niñas es la acumulación de rumores y la información errónea sobre el nuevo coronavirus en sí. Especialmente en lugares donde ya existe una falta de confianza en las autoridades y en la seguridad de las instalaciones de salud, el miedo puede ser una barrera poderosa para acudir a recibir atención. La información clara y la orientación de fuentes confiables son críticas. Esta es una lección más de la crisis del Ébola en África Occidental: el miedo a los brotes de enfermedades infecciosas puede ser más mortal que el virus en sí mismo, ya que las personas evitan ir a hospitales y centros de salud, o retrasan la búsqueda de atención hasta que es demasiado tarde.
En tiempos normales, casi todos los proyectos de MSF dependen de promotores de salud en las comunidades e instalaciones donde trabajamos para brindarles a las personas una guía clara sobre qué hacer si tienen un problema de salud. Estos promotores de salud, que a menudo son miembros de las propias comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en conectar a las personas con la atención de la salud sexual y reproductiva. Al principio, muchos de estos equipos de alcance comunitario hicieron una transición para enfocarse en prevenir la propagación del nuevo coronavirus, diciendo a las personas qué síntomas deben identificar, cómo prevenir la propagación de la infección y a dónde ir para obtener tratamiento. Desde entonces, algunos equipos, incluso en Rustenburg, Sudáfrica, han agregado mensajes importantes sobre los servicios de salud sexual y reproductiva.
Muchos de estos equipos de promoción de la salud han tenido que cambiar su forma de trabajar. Es arriesgado reunirse con grandes multitudes de personas durante un brote, por lo que en Arua, Uganda, los equipos de promoción de la salud están trabajando con líderes comunitarios. «Todavía somos muy activos en la comunidad», dice Marielle D. Celicourt-Toussaint, gestora de actividades del proyecto de MSF de atención a casos de violencia sexual y basada en género en Arua.
“Modificamos el método de promoción de la salud para maximizar el equipo de salud de nuestro pueblo, incluidos los líderes de grupos juveniles, los líderes de barrio, los líderes religiosos y el presidente también. Entonces, lo que hacemos es encontrarnos uno a uno o uno a dos, ya que necesitamos mantener el distanciamiento físico. Y creamos conciencia con estos líderes, quienes a su vez informan a otros líderes y otros miembros de la comunidad «.
Algunos proyectos han encontrado formas creativas para llegar a las personas con información vital. En Kasese, Uganda, MSF vio una disminución en la asistencia al Centro para adolescentes Kasese, un proyecto que proporciona anticoncepción y tratamiento para infecciones de transmisión sexual (ITS), entre otros servicios. El centro apoya principalmente a los adolescentes que no tienen otra forma de acceder a esta atención en un área culturalmente conservadora. El equipo estaba preocupado, sabiendo que los informes de violencia doméstica, incluida la violencia sexual, iban en aumento durante el cierre. Para mantener abiertos los canales de comunicación, el equipo de Kasese inició un programa de radio comunitario en colaboración con el Ministerio de Salud, donde las personas pueden llamar para hacer preguntas. «El tema principal del que hablamos es el COVID-19 y la salud mental debido al confinamiento», dice Alix Jobbe Duval, gerente del centro. «También sensibilizamos sobre la violencia doméstica y la violencia sexual y basada en género». El equipo utiliza el programa para recordar a las personas que sus instalaciones de salud están abiertas.
© Amber Dowell/MSF
Un impulso para adaptarse e innovar
Muchos proyectos de MSF se están adaptando a los límites del cuidado cara a cara utilizando alguna forma de telesalud, ya sea estableciendo líneas directas para personas con problemas de salud o contactando por teléfono para sesiones de asesoramiento. En Arauca, Colombia, el equipo de MSF ha estado utilizando la telesalud para la atención prenatal —consultas regulares con mujeres embarazadas en los meses previos al parto— y la atención postnatal durante las semanas posteriores al parto. «Tenemos que equilibrar entre el posible peligro de que acudan a las instalaciones de salud y se contagien con COVID-19, y la necesidad de hacer un seguimiento de sus embarazos«, dice Trapy, el coordinador del proyecto. Si un paciente no tiene complicaciones, se le aconseja no acudir a una consulta en persona.
En los proyectos de MSF, estos servicios generalmente involucran a grandes multitudes de mujeres embarazadas o nuevas madres que esperan su turno en la sala de consulta. Las medidas de prevención y control de infecciones durante esta pandemia han requerido que nuestros equipos se adapten. Algunos proyectos están reduciendo el número de visitas de para consultas antenatales al mínimo de cuatro antes del parto, o programando que se atienda a las mujeres durante varios días en lugar de que todas acudan el mismo día. Los médicos también están dando a las mujeres un suministro a largo plazo de pastillas de hierro para prevenir la anemia.
En el proyecto de MSF para brindar servicios de salud sexual y reproductiva en la isla de Samos, Grecia, donde originalmente se instaló un campamento para alrededor de 650 inmigrantes y refugiados, que ahora alberga a más de 6.000, el equipo está utilizando la telesalud de una manera diferente. Después de que se cancelaron las actividades de promoción de la salud debido a los riesgos de propagación del virus, el equipo comenzó a identificar a las personas con antecedentes médicos que vivían en el campamento y querían participar en el apoyo de divulgación. Ahora hay una red de alrededor de 30 personas reclutadas de esta comunidad de migrantes y refugiados que están identificando activamente a personas con necesidades de salud. Se comunican por teléfono con el equipo de MSF y conectan a esos pacientes con la atención médica.
Adaptar los servicios para hacerlos más seguros es crucial durante la pandemia. Pero este es también el momento de innovar. La pandemia de COVID-19 podría ser una oportunidad para cambiar fundamentalmente aspectos sobre la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, a fin de hacerlos más accesibles.
«Tenemos que simplificar el proceso y encontrarnos con las mujeres donde están», dice la Dra. Manisha Kumar, jefa del grupo de trabajo de MSF para la atención segura del aborto, «no sentarse y esperar a que vengan a los centros de salud». Las mujeres necesitan ser confiadas y empoderadas para cuidarse a sí mismas”.
Un movimiento hacia una atención más basada en la comunidad y autogestionada para algunos servicios ha comenzado en algunos proyectos de MSF. En Malawi y Mozambique, MSF gestiona proyectos específicamente para trabajadoras sexuales que tienen dificultades para obtener la atención médica que necesitan debido al estigma. Los equipos de MSF han capacitado a trabajadoras de acompañamiento entre pares a tiempo completo, todas ellas son o eran trabajadoras sexuales, para ayudarles a proporcionar atención anticonceptiva, pruebas de detección del VIH y otros servicios, y remitir a sus pares al personal de MSF para recibir atención especializada. Esto hace que la atención médica esencial sea mucho más accesible para algunas de las comunidades más vulnerables.
La seguridad y la eficacia del aborto con medicamentos, o el aborto con píldoras, han abierto más posibilidades para la atención autogestionada del aborto. Un aborto autogestionado es cuando una mujer se administra las píldoras abortivas en casa, con el apoyo de quienes comparten información precisa, la ayudan a acceder a medicamentos de calidad y brindan otra asistencia, si es necesario.
Se ha demostrado que el aborto con medicamentos es más del 99% seguro y tiene una efectividad de más del 95%. La mayoría de las mujeres no necesitan ir a un centro de salud para una ecografía o una visita de seguimiento, lo cual es particularmente relevante durante una pandemia.
El Departamento de Salud y Atención Social del Reino Unido llegó a los titulares a fines de marzo cuando anunció que debido al cierre de COVID-19, apoyarían temporalmente a las mujeres para que accedan a abortos con medicamentos en el hogar después de una consulta telefónica con un proveedor de atención médica. MSF también ha comenzado a explorar más modelos autogestionados de atención para un aborto seguro.
