Bogotá, 24 de septiembre de 2019.
Una adolescente de 14 años fue víctima de violencia sexual por parte de su padrastro. En el hospital, los médicos se dieron cuenta de que estaba embarazada de ocho semanas. A pesar de ser de tercer nivel, con profesionales y medicamentos disponibles, la remitieron a Médicos Sin Fronteras para que le practicaran un aborto seguro. Luego del procedimiento, en el hospital no le hicieron seguimiento y algunas dosis del fármaco suministrado se las dieron fuera de horario. Además, no había camas, por lo que estuvo en una silla dos días mientras se hacía la interrupción del embarazo. Los médicos generales no la valoraron, porque esto era una función del ginecólogo de turno, quien finalmente nunca la atendió.
Como esta, diariamente en Colombia ocurren cientos de historias de mujeres que tienen que atravesar un verdadero calvario cuando desean terminar su embarazo. Aunque desde hace más de 10 años el aborto está despenalizado en el país en tres casos específicos, la realidad es que aún persisten múltiples barreras para acceder a este derecho. Esta es la principal conclusión del informe «Aborto no seguro, mujeres en riesgo», que acaba de publicar Médicos Sin Fronteras (MSF), en el que recopila su experiencia practicando interrupciones seguras del embarazo en todos sus proyectos en Colombia.
Entre 2017 y 2018, MSF prestó este servicio en sus proyectos de Tumaco y Buenaventura, y, a partir de enero de 2018, en diversos puntos de atención del Equipo de Respuesta a Emergencias (MERT) en los departamentos de Arauca, Chocó y Norte de Santander. Durante este tiempo, y con total garantía de confidencialidad, se recogieron datos sociodemográficos, clínicos y relacionados con los obstáculos que las 428 mujeres y niñas habían enfrentado cuando, antes de consultar a MSF, buscaron ayuda para la interrupción de su embarazo no deseado.
Los resultados de este análisis muestran una realidad preocupante: el 88% de las pacientes reportaron haber enfrentado al menos un obstáculo para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La mayoría desconocían que el aborto seguro es legal en Colombia, muchas habían sufrido rechazo o dificultades en su entorno e incluso habían sido maltratadas al acercarse a los servicios de salud a pedir ayuda ante un embarazo no deseado. El informe clasifica las barreras para el acceso a la IVE en dos grandes grupos según el principal determinante: sociales y sistémicas del sector de la salud.
En el primer caso, el 47% desconocían que podían acceder a una interrupción libre y segura y lo consideraban un delito; un 5% habían sufrido rechazo social o en su entorno cercano y alrededor del 1% se habían visto seriamente afectadas por obstáculos socioeconómicos. Las mujeres son más vulnerables si tienen un bajo nivel educativo o si residen en zonas rurales distantes, ya que esto no solo implica largos desplazamientos, sino también gastos adicionales difíciles de asumir. De las 143 mujeres derivadas por MSF a otras instituciones, 103 (70%) se vieron obligadas a trasladarse a ciudades como Cali, Medellín, Pasto o Villavicencio para acceder a la IVE.
Las barreras del propio sistema de salud
En el caso de las barreras dentro del sistema de salud, el estudio encontró que son una mezcla de objeción de conciencia, estigma y desconocimiento del marco legal o de los procedimientos y protocolos. A un 27% de las mujeres que acudieron a MSF se les había negado antes el acceso a un aborto seguro en otras estructuras de salud, y además se vieron expuestas a situaciones de maltrato, prejuicios, ruptura de la confidencialidad, desinformación sobre el marco legal o tergiversación del mismo, objeción de conciencia personal e institucional, trabas y demoras múltiples y fallos del sistema debidos a déficits de formación del personal o a la falta de insumos y medicamentos.
Los datos obtenidos por MSF durante su trabajo en varios lugares del país muestran que las mujeres siguen enfrentando múltiples barreras de acceso a la IVE, tanto sociales como en el propio sector de la salud. Y esto se traduce en un riesgo latente para la salud y la vida de las mujeres. El aborto no seguro es una de las cinco principales causas de mortalidad materna en todo el mundo y la única que se puede prevenir por completo.
Cuando una mujer o niña está decidida a terminar su embarazo, generalmente lo hará, independientemente de la seguridad y legalidad del procedimiento. Si no dispone de servicios de aborto seguro, es probable que arriesgue su vida con un aborto por cualquier medio, siendo las formas más comunes consultar a alguien no cualificado o intentarlo por sí misma. Muchos de estos métodos ni siquiera son efectivos, pero pueden dejar un daño duradero.
Las consecuencias del aborto no seguro son un problema y una emergencia médica que urge atender. Por eso, MSF hace un llamado a las instituciones de salud para que se asegure la prevención de embarazos no deseados, incrementando y simplificando el acceso a servicios eficientes de planificación familiar, con énfasis en la población adolescente, en situación de pobreza o de entorno rural.
Así mismo, MSF pide que se prevengan muertes y secuelas debidas a abortos no seguros, asegurando la disponibilidad y el acceso de todas las mujeres que lo requieran a servicios integrales de aborto seguro. Por último, es necesario que se fortalezcan los servicios de promoción y prevención de la salud, incorporando de forma transparente los derechos de mujeres y niñas en relación a la interrupción voluntaria del embarazo.
