Desde Médicos Sin Fronteras evidenciamos que comunidades afectadas por violencia y la población deportada en centros de cuarentena reciben un mayor impacto por la pandemia de COVID-19 en relación al acceso a servicios médicos y condiciones de prevención del contagio.
Las comunidades afectadas por la violencia y estigmatizadas por esta situación tienen un acceso difícil a las rutas de atención en casos de sospechas de contagio del nuevo coronavirus. Además, el acceso a servicios médicos en casos no relacionados con COVID-19, incluyendo las urgencias, es irregular. Esto se debe principalmente al temor y estigma que tienen estas comunidades por la presencia de pandillas y de conflicto entre estas con las fuerzas de seguridad. Debido a la aceptación en algunas comunidades, MSF ha facilitado el acceso de personal de salud para la observación de casos sospechosos del nuevo coronavirus durante esta emergencia en zonas de difícil acceso por el temor del personal de salud a la presencia de pandillas.
Además, la población de algunas zonas donde MSF interviene solicita ayuda en alimentos, por la dificultad de acceder a ellos durante la cuarentena, y carece de acceso regular al servicio de agua, recurso indispensable para la prevención del COVID-19.
Por otro lado, en los centros de deportados habilitados por el gobierno, las personas ahí albergadas reciben atención médica y otros servicios y facilidades de parte del gobierno. No obstante, entre los principales temores de la población deportada se encuentran los motivos de violencia que obligaron a muchos a huir, por lo cual algunos muestran cuadros de depresión y ansiedad. También, luego de terminada su cuarentena de 30 días, la mayoría desconoce su proyección de vida en un país en cuarentena.
A su vez, las condiciones de los centros de deportados son distintas a la de población que ingresa por la frontera terrestre o en vuelos comerciales. Muchas veces, y a diferencia de otras poblaciones en centros de cuarentena, no se garantizan medidas como el distanciamiento físico y medidas individuales de prevención.
El coordinador general de MSF en el país, Stéphane Foulon, afirma que “es entendible y lógico que la principal fuerza de las autoridades de salud y la cooperación se destine a la pandemia, pero este impacto diferenciado es algo que hay que tener en cuenta.
Las emergencias médicas y demás padecimientos no se detienen y los actores de salud debemos asegurar formas de garantizar el acceso a la salud en casos de COVID-19 y también en casos no relacionados a esto.”
Esta situación deja en desventaja del acceso sanitario en medio de la pandemia a población de zonas históricamente vejadas por violencia, incluyendo emergencias médicas, padecimientos crónicos, planificación familiar, control de embarazadas, salud mental y sospechas y seguimientos de COVID-19. Según información oficial, son unas 190 mil personas en Soyapango y unas 90 mil personas en Ilopango las que viven en zonas catalogadas como “rojas” donde el personal de salud tiene dificultades de acceso.
Desde MSF también sostenemos que las deportaciones desde Estados Unidos y México, sin garantías de salud y de información sobre contagio de la pandemia, deben ser suspendidas. Foulon añade que “las situaciones de violencia y temor que obligan a muchas personas a migrar siguen ahí, hay gente con temor a volver al país y salir de los centros de cuarentena porque las amenazas siguen ahí. Dentro, las condiciones pueden ser mejoradas pero esta población también tiene incertidumbre sobre su vida al salir relacionada a la falta de redes de apoyo en tiempos de la pandemia”.
