Entre finales de 2019 y comienzo de 2020 se han presentado al menos siete desplazamientos masivos y cuatro confinamientos de población en varios municipios del pacífico nariñense. Cerca de 14.000 personas se han visto afectadas y no han obtenido la respuesta institucional oportuna y adecuada.
El Pacífico nariñense es actualmente uno de los escenarios del recrudecimiento de la guerra en Colombia. Varios de los municipios que componen esta región se han convertido en el teatro de operaciones de múltiples grupos armados cuyas acciones tienen una consecuencia común: afectan principalmente a la población civil.
Desde finales de 2019 y comienzos de 2020 Médicos Sin Fronteras ha sido testigo de al menos siete desplazamientos masivos y cuatro confinamientos de población que han afectado a más de 14.000 personas. Durante sus intervenciones para atender a las poblaciones afectadas por la violencia, MSF ha podido comprobar de primera mano la falta de respuesta institucional adecuada y oportuna.
En la mayoría de los casos esta ausencia es explicada por las entidades encargadas principalmente por un tema de procedimientos administrativos. Para bridar asistencia a estas personas es necesario hacer un censo, pero ningún funcionario oficial ingresa a las zonas de conflicto para realizarlo porque no cuentan con la autorización de las Fuerzas Militares para hacerlo.
En Olaya Herrera, por ejemplo, más de 689 familias tuvieron que “celebrar” la navidad en campamentos improvisados tras huir de sus hogares por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados. Cerca de la mitad de esta población llegó hasta el casco urbano del municipio, donde recibieron atención de las instituciones gubernamentales el 7 de enero, casi dos semanas después del desplazamiento. Las otras familias, que se encontraban en la zona rural de Bocas de Víbora y Nueva Balsa, solo recibieron atención hasta que los equipos de MSF y del Consorcio Mappa se presentaron en el lugar.
Algo parecido ocurrió en el municipio de Roberto Payán, donde los continuos enfrentamientos armados han provocado el desplazamiento de 3.500 personas. Un primer grupo recibió ayuda alimentaria por parte de la Unidad para las Víctimas, pero un segundo grupo que llegó posteriormente al lugar no ha recibido ningún tipo de atención institucional.
En medio de este complejo panorama resalta la situación de Magüí Payán, quizá el municipio más olvidado de todos en esta región. El 10 de febrero de este año se desplazaron cerca de 320 personas, las cuales se sumaron a las más de 600 que ya lo habían hecho desde el año pasado.
Estas personas estuvieron tres días esperando atención de las autoridades y retornaron a sus hogares sin recibirla. Algunas permanecen en la cabecera municipal y otras han optado por buscar mejor suerte en Tumaco. Así mismo, un total de 4.000 personas se encuentran en situación de confinamiento en el río Telembí, donde la respuesta institucional ha sido enviar alimentos que nadie se atreve a transportar por miedo a las represalias de los armados.
En todas sus intervenciones, MSF ha visto que las principales afectaciones a la salud física de las poblaciones desplazadas y confinadas están relacionadas con las condiciones del entorno, principalmente por fallas en el suministro de agua y el saneamiento, lo que conlleva con frecuencia a la presencia de afecciones gastrointestinales y de piel. En la mayoría de los casos los pacientes atendidos reportaron no haber tenido acceso a servicios médicos por largos periodos.
En cuanto a la salud mental, el impacto por los enfrentamientos, la repetición de los mismos y la ausencia de condiciones de seguridad imposibilitan que las personas puedan sentirse seguras. Esta situación genera un alto nivel de estrés, preocupación y miedo en las personas, que derivan en diagnósticos de ansiedad y depresión. La permanencia del conflicto impide retomar el proyecto de vida, pues se mantiene incierto el panorama de seguridad en sus lugares de origen. En la medida en que la situación es inestable, la población se ve expuesta a un constante sufrimiento emocional.
Por este motivo, MSF hace un llamado al Estado colombiano para que se fortalezca la presencia institucional en zonas rurales y urbanas del departamento de Nariño y de esta manera la población desplazada y confinada reciba atención oportuna por parte de las entidades encargadas. La población atendida por MSF en las últimas semanas no ha recibido respuesta a tiempo. En algunos casos la ayuda llega con semanas de retraso y en otras ocasiones, ni siquiera llegan a activarse los mecanismos de respuesta.
