En Riohacha (La Guajira), Médicos Sin Fronteras (MSF) atiende de manera ambulatoria en las instalaciones del Hospital Nuestra Señora de los Remedios, y también desplegará sus equipos a distintos barrios del casco urbano de la ciudad y en la zona rural del municipio, ofreciendo servicios de salud primaria, planificación familiar, atención en salud mental y trabajo social.
“En estos primeros días de actividades hemos priorizado la atención a mujeres gestantes en nuestros consultorios. Las pacientes que llevamos vistas son todas venezolanas y de las embarazadas, la mayoría llega sin ningún tipo de control previo, en su segundo trimestre de embarazo”, explica Elsa Soto, coordinadora del proyecto, «es preocupante, porque el control previo es esencial para la prevención e identificación de complicaciones y enfermedades». Soto recalca que si bien los pacientes están asentados en Riohacha, también han recibido gente procedente de zonas rurales y municipios vecinos.
La apertura de este proyecto se suma a las actividades de salud primaria y mental dirigidas a la población proveniente de Venezuela, tanto venezolanos como colombianos retornados, que desde el año pasado MSF viene desarrollando en los departamentos fronterizos de Norte de Santander y Arauca.
Tras varias intervenciones puntuales por parte del equipo de emergencias de MSF en Norte de Santander, desde noviembre de 2018 se han ido abriendo de forma progresiva puntos de atención para la población migrante venezolana en hospitales y centros de salud de los municipios de Tibú, Puerto Santander y en el corregimiento La Gabarra. Y desde enero de este año en Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca.
En estos municipios, MSF provee servicios de atención primaria para niños y adultos, atención en salud mental y servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo controles pre y post natales, planificación familiar e interrupción del embarazo no deseado. Un equipo de MSF en Tame se encarga específicamente de asistir a los más de mil venezolanos caminantes que entran mensualmente a Colombia por la zona de Arauca con intención de continuar hacia otras ciudades o países de la región.
Durante el primer trimestre del 2019 se han realizado en todos los proyectos más de 9.800 consultas médicas y de enfermería, de las cuales del 40% han sido para menores de cinco años. Estos datos, junto a las casi 2.300 consultas de planificación familiar y 71 interrupciones seguras del embarazo, muestran la urgente necesidad de ampliar el acceso y la cobertura médica que reciben actualmente los migrantes y refugiados venezolanos, con mayor urgencia aún en los ámbitos de la salud sexual y reproductiva.
“Las patologías que se están encontrando en los diferentes puntos de atención de Norte de Santander y Arauca son afecciones cutáneas, infecciones respiratorias, síndrome osteomuscular, infecciones urinarias y afecciones ginecológicas, además de enfermedades crónicas que no estaban recibiendo un seguimiento adecuado en Venezuela”, explica María José Usach, Coordinadora médica de MSF en Colombia, quien puntualiza que estas patologías en muchas ocasiones se ven agravadas por las condiciones precarias en las que se ven forzados a vivir muchos emigrantes y refugiados venezolanos.
La atención psicológica es también de enorme importancia debido a que la migración implica un trastorno profundo de sus vidas cotidianas y la mayoría de las veces afecta su dignidad como personas. En lo que va del año, 450 personas han sido atendidas por los psicólogos de MSF con sintomatologías relacionadas mayoritariamente con ansiedad y depresión.
“La llegada masiva de población venezolana a Colombia ha desbordado la capacidad de respuesta local. El sistema de salud colombiano no puede hacer frente en solitario a las necesidades de salud del alrededor de millón de venezolanos que se calcula que actualmente viven en el país en situación regular o irregular, por lo que es indispensable canalizar fondos internacionales para garantizar el adecuado acceso a la salud” considera la Jefe de Misión de MSF en Colombia, Ellen Rymshaw. Ella añade que “la violencia derivada de la presencia y los enfrentamientos entre diferentes actores armados en las zonas fronterizas de Arauca y Norte de Santander afecta especialmente a buena parte de la población venezolana y hace más compleja la llegada de ayuda a las zonas rurales”. En la zona operan diferentes grupos criminales y es notoria la presencia de elementos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL).
El deterioro de las condiciones de vida en Venezuela a causa de la aguda crisis política, económica y social de los últimos años ha tenido un impacto negativo en la capacidad de la población de acceder a los servicios de salud y ha empujado a más de 3,4 millones de ciudadanos a tener que salir del país.
Carla M, de 32 años y tres hijos, llegó a Tibú procedente de Ciudad Ojeda (Zulia) a finales de 2018, cuando el racionamiento que tenía que imponer a su familia amenazaba con tener que dejar a sus pequeños, de 10, 7 y 3 años, sin una de las tres comidas principales. “Ya habíamos reducido raciones al máximo, ya lo habíamos vendido todo, la nevera, los muebles. Yo ya había dejado mi tienda de comestibles, luego me dediqué a la venta ambulante, ahora ya no tenía qué vender. El salario de mi marido, trabajador en Petróleos de Venezuela (PDVSA), ya no daba para comer”. Carla se ha asentado con su familia en un solar facilitado por un vecino de Tibú, cobijados en tiendas de campaña improvisadas. Visita el hospital de MSF por los problemas en la piel de una de sus hijas, “que se deben a la humedad que hay en el asentamiento”, para lo que recibe un tratamiento por parte de los médicos de la organización. Ella lo agradece porque “en Venezuela, en los hospitales faltan enfermeros, faltan muchos medios, no había vacunas para los pequeños, o no todas las dosis necesarias o no llegaban a todos”.
