La siguiente columna fue escrita por Natalia Díaz, enfermera de MSF en Colombia y se publicó originalmente en La Silla Vacía.
Para llegar a las zonas rurales del municipio de Alto Baudó, en Chocó, es necesario viajar hasta Quibdó, ya sea en avión o en carro, y luego emprender viajes por tierra y por río. En diciembre pasado visitamos esta región, afectada por la temporada invernal, el conflicto entre grupos armados, la falta de acceso a servicios de salud, educación, entre otros.
Desde Quibdó, nos fuimos a Istmina por tierra, en un trayecto que duró un poco más de dos horas por una carretera nacional. Después nos trasladamos a Puerto Meluk, que es la cabecera municipal del Medio Baudó. Este recorrido fue de 46 kilómetros, de los cuales 14 están pavimentados.
En Puerto Meluk nos detuvimos para cargar las lanchas con nuestros materiales, medicamentos y equipamiento, tomar algo y continuar el viaje, ahora a velocidad media. Fueron tres horas por el río Baudó en contra de la corriente — la población suele usar motores de más bajo cilindraje, por lo que demoran hasta 6 horas en este trayecto —.
Al día siguiente, navegamos hasta Puesto Indio por el río Cugucho, a unas cuatro horas de trayecto. Días más tarde, emprendimos un viaje similar al río Nauca, específicamente a las comunidades Puerto Alegre y Divisa. En los viajes por el río, en medio de la selva, aparecían de vez en cuando pequeños caseríos habitados por comunidades afro e indígenas, de casas de madera montadas en palafitos; la construcción tradicional de las comunidades del Pacífico que ven subir y bajar el nivel de los ríos una y otra vez durante el año.
Caminando y navegando también pudimos ver algunos efectos de las intensas lluvias que al final de noviembre afectaron a más de 31.330 personas en Alto Baudó, Medio Baudó, Bahía Solano, Nuquí y Litoral del San Juan, según la UNGRD. Se veían casas averiadas, cultivos destruidos, deslizamientos de tierra y troncos de árboles que seguían bajando por el río y que son un peligro para los navegantes.
Las necesidades en Alto Baudó
Las inundaciones han agravado la situación por la que ya pasaban las comunidades de este municipio, principalmente indígenas y afros. De acuerdo con el gobierno, el 85% de la población del municipio está registrada como víctima del conflicto. El hecho de que las comunidades estén cercadas por actores armados dificulta la prestación de servicios de salud, los cuales están centralizados en Pie de Pató y Catrú.
Estas comunidades subsisten a través de medios tradicionales como la caza, la pesca y el cultivo de plátano, cacao, caña, yuca, entre otros. Actualmente enfrentan dificultades para acceder a los alimentos por las restricciones relacionadas con la presencia de grupos armados y la contaminación de los ríos. Las familias están acostumbradas a caminar una o dos horas a las fincas a trabajar, pero las condiciones recientes, marcadas por la temporada invernal y la presencia de los grupos armados, no se lo permiten. Las personas sienten amenazadas su integridad y su vida permanentemente, y en ciertos momentos se han visto obligados a desplazarse masivamente por temor. También se han presentado accidentes e incidentes fatales por minas antipersonal.
La posibilidad de generar ingresos para comprar productos que no se producen en la comunidad, como el aceite, el arroz, la sal, la ropa, los artículos de aseo, las prendas de vestir, entre otros esenciales, es prácticamente nula. Además, por las inundaciones se perdieron cultivos que tomarán entre seis y 12 meses en recuperarse.
Las consultas
En la visita de MSF, realizamos 479 consultas médicas en río Cugucho, de las cuales 131 fueron a menores de cinco años, 170 entre 5 y 14 años y 178 a mayores de 15 años. La mayoría de las consultas fueron por enfermedades relacionadas con la calidad del agua: otitis, infecciones de la piel y urinarias, así como diarreas. Adicionalmente, en las actividades psicosociales fueron beneficiadas 141 personas.
Por otro lado, en el río Nauca realizamos 525 consultas médicas; 194 a pacientes menores de cinco años, 130 pacientes entre 5 y 14 años y 201 de mayores de 15 años. La mayoría de los pacientes que asistieron padecían de diarrea, infección en las vías respiratorias y otras enfermedades como malaria. Dentro de las actividades psicosociales, se realizaron actividades con 67 personas.
Como es de esperarse, ante las dificultades para asegurar la alimentación, vimos muchos niños y niñas cuyo peso y estatura están por debajo de lo esperable. El acceso a agua segura es limitado y en algunas comunidades las mujeres deben trasladar el agua desde fuentes menos contaminadas en contenedores que cargan a la espalda, colgados con cinturones de fibras naturales rodeando su cabeza.
Para la población en general, existe un puesto de salud que no es utilizado, pues no hay personal de salud contratado. En las zonas más alejadas, la población recurre al saber ancestral de parteras y yerbateros para tratar sus problemas de salud, pero reconocen que algunas enfermedades requieren de atención médica “occidental” y que muchas serían evitables si tuvieran acceso a agua limpia y alimentación suficiente. Los servicios de salud están centralizados en la cabecera municipal y en Catrú, lo que implica costosos traslados por el río que no todos pueden pagar. Las visitas de las entidades encargadas de salud son esporádicas: una o ninguna vez al año.
Las comunidades, nos dijeron líderes y lideresas, han anhelado estabilidad y tranquilidad, algo que ha sido muy difícil de alcanzar. Solamente en 2020, durante siete meses, la población del río de las zonas rurales de Alto Baudó se desplazó por el conflicto armado y los meses siguientes estuvo confinada por la violencia. Adicionalmente, han aumentado los casos de malaria, las infecciones en la piel, las diarreas y encontramos casos de desnutrición. Como nos comentaron algunos pacientes, muchos enfermos se quedan sin atención en salud, pues no tienen los 30 mil o 70 mil pesos que puede costar el transporte.
En MSF no solo nos preocupa la ausencia de servicios de salud, también las graves barreras a las que se enfrenta la población para acceder a cualquier tipo de servicio especializado, a agua potable y a los medios de producción agrícola. Las comunidades, señalaban los líderes, seguirán luchando por las garantías de sus derechos en 2022 y esperan que, cuanto antes, las instituciones atiendan sus necesidades básicas.
