En El Cauca, ofrecimos asistencia en salud mental a la comunidad indígena Nasa después de que sufrieran una masacre. En Chocó, brindamos atención médica y en salud mental a miembros de la comunidad indígena Wounaan Nonam, desplazada por enfrentamientos entre facciones armadas en el centro de Docordó. En Hacarí, Norte de Santander, entregamos kits de salud general, salud mental y refugio a más de 100 personas confinadas en una escuela.
El equipo móvil de respuesta a emergencias trabajó exclusivamente en el departamento de Nariño, una de las regiones más afectadas por el conflicto y por otros eventos violentos. Dimos atención a personas confinadas y desplazadas por enfrentamientos entre grupos armados en Olaya Herrera, Roberto Payán, Magüí Payán y Tumaco, entre otros sitios. Donamos kits de refugio a cientos de familias en asentamientos temporales.
Nuestros equipos siguieron siendo testigos de los efectos del desplazamiento y del confinamiento en la salud mental de las personas: estrés, preocupación y miedo se suman a los impactos psicosociales por la exposición a la violencia. La ausencia de respuestas a tiempo por parte de las autoridades intensifica la sensación de desprotección e incertidumbre.
También abordamos los efectos sobre la salud mental de las amenazas, los asesinatos y los desplazamientos asociados con la violencia urbana. En Buenaventura, continuamos ofreciendo consultas a través de una línea telefónica, atención integral para víctimas de violencia sexual y acceso a la interrupción segura del embarazo.
En medio de la creciente violencia, resultado de la implementación inconsistente de los acuerdos de paz, Colombia se convirtió en un país de refugio para, según cifras oficiales, unos 1,6 millones de venezolanos. La mayoría vive en las principales ciudades pero miles se quedaron cerca de la frontera, en La Guajira, Norte de Santander y Arauca, donde están afectados por el conflicto y la respuesta del gobierno es mucho más limitada. MSF estableció tres proyectos centrados en salud general, salud mental y salud sexual y reproductiva, dirigidos a embarazadas y menores de cinco años. Trabajamos en los municipios de Riohacha, Tibú y Tame y realizamos clínicas móviles en Uribía, Maicao y Manaure en La Guajira; Puerto Santander y La Gabarra en Norte de Santander; y Saravena y Arauquita en Arauca. Nuestros equipos observaron las múltiples vulnerabilidades de los migrantes y los solicitantes de asilo que no han podido regularizar su status en Colombia: riesgos de reclutamiento por parte de grupos armados, de prostitución forzada, problemas para conseguir atención médica -ya que el sistema de salud pública los excluye de otros servicios que no sean partos, vacunas o emergencias. Y, donde no son explotados ni están en peligro, luchan para acceder a educación, vivienda y trabajo.
Dentro de nuestra estrategia para mejorar el acceso de las mujeres a la interrupción segura del embarazo, publicamos el informe Aborto no seguro, mujeres en riesgo sobre las múltiples barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Basándose en datos de 2017-18, destaca que el 88% de las mujeres enfrentó al menos una barrera, ya sea social (estigma social o acoso por parte de familiares y amigos), económica o geográfica, o falta de información sobre la ley. Y que el 27% de las mujeres recibió una negativa al acceso a un aborto seguro en alguna estructura de salud. Considerando los hallazgos, exigimos a las autoridades que garanticen la prevención de embarazos no deseados aumentando y simplificando el acceso a servicios de planificación familiar, en especial entre adolescentes que viven en la pobreza o en zonas rurales. También bregamos porque los servicios integrales de aborto seguro estén disponibles y accesibles para mujeres y niñas en todo el país.
Expresamos la necesidad de una mayor presencia e inversión internacional, en particular en las zonas de conflicto, y de más asistencia en actividades de salud sexual y reproductiva para la población migrante.
