Un niño de 16 años está recluido en una prisión en Libia y es golpeado diariamente con palos de madera. Al no poder pagar por su liberación, se ve obligado a trabajar. Arriesga su vida varias veces en embarcaciones no aptas para la navegación al intentar huir a través del mar Mediterráneo.
Una joven también busca seguridad en Europa. Escapó del confinamiento en Turquía, donde fue sometida a la prostitución forzada y a violaciones a diario.
¿Cuál es la respuesta de Europa a estas personas y a muchas otras que buscan seguridad dentro de sus fronteras? Prisiones, vallas y muros; sofisticados sistemas de vigilancia y cañones de sonido; instalación de regímenes sin ley a través de las fronteras europeas; privación de los derechos de las personas refugiadas y la criminalización de la asistencia humanitaria que tanto se necesita.
Las víctimas de la violencia extrema se convierten en víctimas de la violencia institucional.
A fines de 2021, el número de personas refugiadas en todo el mundo superaba los 82 millones: la cifra más alta jamás registrada. Mientras nuestro mundo enfrenta crisis catastróficas en forma de conflictos, COVID-19 y otras epidemias, pobreza y cambio climático, los líderes de la Unión Europea (UE) continúan ignorando el desastroso fracaso de sus políticas y acuerdos migratorios.
Si los estados no se movilizan por la obligación moral de apoyar a las personas que necesitan seguridad y protección, entonces deberían estar impulsados por la lógica.
Cuando Italia decidió no participar en las operaciones de búsqueda y rescate para salvar vidas en el mar Mediterráneo, trató de facilitar a la Guardia Costera Libia la devolución forzosa de personas migrantes a Libia. Desde su inicio en 2017, el Memorando de Entendimiento Italia-Libia (mucho menos sofisticado que su precursor, el acuerdo UE-Turquía), brindó apoyo técnico y material a la Guardia Costera. Pero también fue un paso más allá al convertir al Mediterráneo en el epicentro de la vigilancia y la militarización.
Se proporcionaron cerca de 700 millones de euros a Libia a través del Instrumento Europeo de Vecindad y el Fondo Fiduciario de Emergencia para África hasta 2020. Asimismo, la Unión Europea prometió 3000 millones de euros adicionales a Turquía a partir de 2021. Los Estados miembros de la UE han aportado cerca de 1000 millones de euros a Frontex: la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas cobra por ver cómo miles de personas se ahogan cada año en el Mediterráneo, son devueltas a la fuerza a países donde serán víctimas de crímenes contra la humanidad, son secuestradas en tierra y dejadas a la deriva en el mar Egeo oriental o son golpeadas, arrojadas al agua y devueltas a través de los estados balcánicos.
Grecia se ha beneficiado con más de 3000 millones de euros de ayuda de la UE desde 2015. Sin embargo, en 2021, el gobierno griego recortó el gasto en programas de alojamiento para solicitantes de asilo hasta en un 30% y, al mismo tiempo, interrumpió la asistencia en efectivo y la ayuda alimentaria para la población refugiada reconocida y solicitantes de asilo rechazados, lo que contribuyó a una crisis de privación de alimentos.
Más de 800 personas han perdido la vida al intentar llegar a Grecia desde 2016.
Para los perpetradores de la violencia contra personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, las instituciones de la UE han asegurado la falta de responsabilidad, ya sea dejando el trabajo a un sistema judicial que se queda atrás en la salvaguardia de los derechos fundamentales o señalando con el dedo a los Estados miembros, que a su vez tratan de sofocar la ayuda humanitaria a través de la criminalización, las trabas administrativas y otros bloqueos, de modo que son pocos los que dan testimonio o hablan junto a las personas que sufren estos crímenes.
Los esquemas de reubicación, las vías de protección y los corredores humanitarios se han convertido en una moneda de cambio para que los estados miembros de la UE mantengan a las personas migrantes -principalmente subsaharianas y norteafricanas, de Medio Oriente y asiáticas- fuera de Europa. Se está apuntalando un régimen fronterizo racializado, para apaciguar a los sectores más xenófobos de las sociedades europeas.
Hoy en día, Europa está reinventando las crisis, utilizando la «instrumentalización de la migración» como pretexto para desmantelar los restos de las protecciones establecidas tras los momentos más vergonzosos de la historia europea. Los dirigentes europeos, alejándose aún más del sentido común, tratan de reproducir e institucionalizar regímenes excepcionales mediante acuerdos como los que la UE mantiene con Turquía, Malta, Italia y Libia, Marruecos y España.
Las acciones de Europa están marcadas por una negación voluntaria a reconocer el impacto de estas políticas en la salud mental y física de las personas que se desplazan, en comunidades enteras y en la segregación de las poblaciones. También se caracterizan por la completa desaparición de la responsabilidad de protección. ¿Qué pasaría si los europeos tuvieran que convertirse en refugiados en masa?
Mientras se suspenden los derechos fundamentales y la puesta en peligro de vidas humanas se convierte en práctica cotidiana en las fronteras exteriores de la UE, la historia europea se repite no como una farsa esta vez, sino como otra tragedia humana.
Médicos Sin Fronteras seguirá aliviando parte del sufrimiento humano causado por estas políticas, remendando las heridas, evitando la pérdida de vidas humanas a lo largo de las rutas más mortíferas y restaurando parte de la dignidad y la agencia que les han sido negadas. Pero al final del día, no podemos curar las malas políticas. Hasta que no se desmantele por completo la gestión irracional de Europa de un régimen fronterizo racista, miles de personas seguirán atrapadas en ciclos de muerte, tortura y violencia.
Si nuestra conciencia moral colectiva no puede prevalecer, que lo haga nuestra lógica colectiva.
*Este artículo está escrito por las autoras a título personal y no refleja necesariamente las opiniones de MSF.
