Entre el grupo desembarcado a la fuerza había más de 20 menores de edad, personas que habían sido víctimas de tráfico y tortura, y otras que declaraban estar registradas con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR).
Desde entonces, no hemos tenido acceso a ninguno de los miembros del grupo que estuvo abordo del Nivin. No nos autorizan a ver pacientes a los que habíamos podido atender y realizar seguimiento durante 10 días y estamos extremadamente preocupados por la falta de información oficial respecto de su ubicación actual y su estado de salud.
El grupo inicial de 97 personas a bordo del Nivin no debería haber sido regresado a Misrata, sino a un puerto seguro en concordancia con las leyes marítimas e internacionales. Basado en la posición oficial de UNCHR, Libia no puede ser considerado como tal.
Entre el 11 y el 18 de noviembre, antes del desembarco forzoso, nuestro personal médico llevó a cabo más de 90 consultas a bordo del Nivin. El 14 de noviembre, 14 personas vulnerables dejaron el Nivin y fueron transferidas a un centro de detención oficial. El resto del grupo continuó rehusándose a desembarcar en Libia por miedo a enfrentar una detención arbitraria y otros peligros que experimentaron de primera mano durante su estadía previa en el país.
Nos horroriza ver que durante 10 días, a pesar de nuestros repetidos reclamos para evitar un desenlace violento, no se haya alcanzado ningún compromiso para implementar otra alternativa que la detención. Lo que sucedió en cambio demuestra una vez más el fracaso en proveer de tan necesitada protección a personas que buscan seguridad.
La realidad hoy es que las personas que son interceptadas en el mar y llevadas de vuelta a las costas de Libia en violación de la ley internacional y las convenciones marítimas quedan sin otra opción que una detención arbitraria e indefinida. Esta trágica situación es el resultado de esfuerzos deliberados y concertados por Europa para evitar que refugiados, migrantes y solicitantes de asilo alcancen sus puertas a cualquier costo.
Más recientemente, Italia fue un paso más allá en señalar a las personas que huyen por sus vidas y a aquellos que los asisten como criminales al solicitar la incautación del barco de búsqueda y rescate Aquarius, operado por MSF y SOS Mediterrane, por supuestas anomalías en la gestión de residuos. Este es un episodio más, tras dos años de campañas difamatorias, investigaciones judiciales y obstáculos burocráticos contra nuestro trabajo humanitario.
