Esta semana la Corte Constitucional decidió mantener las tres causales definidas en la Sentencia de 2006. Si bien se protegieron estos derechos, seguimos siendo testigos de que las mujeres enfrentan barreras para acceder a la interrupción del embarazo, especialmente para las que se encuentran ubicadas en zonas rurales y apartadas.
Somos una organización que conoce de cerca la situación por nuestro trabajo en lugares rurales donde predominan todo tipo de obstáculos para el acceso a la interrupción segura del embarazo. En un informe publicado en el 2019 identificamos las múltiples barreras a las que se enfrentan las mujeres cuando intentan acceder a este servicio.
El 53% de nuestras pacientes enfrentaron barreras sociales relacionadas con acoso o estigma social y/o de su entorno más cercano, con dificultades económicas o de acceso geográfico o con falta de información o desconocimiento del marco legal.
Así mismo, al 27% se les negó el acceso a un aborto seguro al solicitarlo en estructuras de salud y se vieron expuestas a situaciones como maltrato, prejuicios, dilaciones, ruptura de la confidencialidad, desinformación sobre el marco legal o tergiversación del mismo. Y el 88% reportaron haber enfrentado al menos una de estas barreras.
Por esta razón, a propósito del Día Internacional de la Mujer hacemos un llamado para que se eliminen las barreras a la interrupción segura del embarazo, dado que las consecuencias del aborto no seguro son una emergencia médica que afecta la salud de las mujeres.
Es necesario que todos los prestadores de servicios de salud del país cuenten con al menos un profesional médico capacitado para realizar el procedimiento de IVE. Es fundamental que se asegure la prevención de embarazos no deseados, incrementando y simplificando el acceso a servicios eficientes de planificación familiar, con énfasis en la población adolescente, en situación de pobreza o de entorno rural y sin ningún tipo de discriminación por su situación migratoria.
Así mismo pedimos que se prevengan muertes y secuelas debidas a abortos no seguros, garantizando la disponibilidad y el acceso de toda la población que requiera servicios integrales de aborto seguro. Para esto es indispensable que se fortalezcan los servicios de promoción y prevención de la salud, incorporando de forma transparente los derechos de mujeres y niñas en relación a la interrupción voluntaria del embarazo.
